La falta de planificación gubernamental y los continuos retrasos en la obligatoriedad del software de facturación verificable (VeriFactu) se perciben como un nuevo abuso burocrático, cargando costes y presunción de culpabilidad sobre el eslabón más débil de la economía.
«𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗔𝗖𝗧𝗨» 𝗬 𝗘𝗟 𝗔𝗚𝗢𝗧𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗔𝗨𝗧𝗢́𝗡𝗢𝗠𝗢
